Estrategia de Nakazaki para dejar impune a Fujimori. Preparan cárcel dorada e indulto Nakazaki también busca indulto como recurso.

Informes llegados a esta redacción aseguran que algunos personajes del fujimorismo están buscando una residencia similar a la de “Chicureo” o de la casa de la “Colina de Peumo” en Chile, para hospedar a su líder luego que termine en abril el proceso en su contra, con una condena más o menos severa, que se convertiría unos meses después en arresto domiciliario, en la sala revisora de la Corte Suprema, instancia de apelación última y definitiva.

Lo que se especula es que los vocales de la Sala Especial Penal dictaminarán que Fujimori incurrió en diversos delitos que pueden ir desde lo mínimo que es la omisión de decisiones que podrían haber detenido la actuación de Montesinos y el Grupo Colina, el abuso de autoridad, la usurpación de funciones, etc., hasta la complicidad en asesinatos y otras violaciones de derechos humanos.

Así, dictarían una sentencia que podría ubicarse por debajo de los 30 años que pide el Ministerio Público, por diversas consideraciones: tipología del delito, intenciones de la decisión (pacificar el país), nivel de información, edad del acusado, etc.

Por cierto que todos leeremos que se condenó al bandido, pero una sentencia atenuada puede ser un puente para que la siguiente instancia ajuste el dictamen final a los intereses políticos del régimen.

La apuesta sería en este caso que la sentencia final (inapelable) imponga una condena que ya vendría relativamente atenuada.

Es sobre este terreno que se está especulando que la fórmula definitiva conduzca al ex dictador a una cómoda prisión domiciliaria para pasar los siguientes años, a la espera que, con aires más favorables, se le pueda terminar indultando con argumentos de edad, salud o lo que sea.

Claro que para entonces ya habría otro gobierno.

La estrategia del Nakazaki ha quedado muy clara a lo largo de su interminable alegato de defensa.

Hay que politizar al máximo el caso Fujimori y obligar a resolverlo sobre tres premisas básicas: (a) Ha habido un juicio mediático (o sea de los medios de comunicación) que ya condenó a su cliente y si el tribunal vota por la culpabilidad se habrá sometido a esa instancia; (b) Todos los hechos del gobierno de los 90 han estado enmarcados en una base de legalidad (lo que lleva al tema del autogolpe del 92 y a la supuesta legitimidad del presidente para encabezar un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, que anuló a otros poderes del Estado).

Por tanto, sólo puede juzgarse a Fujimori sobre la base de aquellas decisiones que adoptó de manera explícita, dejando constancia de cada una de ellas; (c) Puestos en el balance de la historia, los hechos que se presumen positivos del gobierno fujimorista (derrota del terrorismo, fin de la hiperinflación) son superiores a los negativos (violación de derechos humanos, corrupción).

La sala que preside el Dr. San Martín sin duda no está hecha de tontos que se van a someter a estos argumentos.

Pero lo que interesa es hacer que una muy probable sentencia condenatoria quede marcada, tanto como sea posible, de estas dudas políticas y haga comprensible que la revisión posterior se allane a rebajar la condena hasta hacerla mucho más digerible.

Cuando la Suprema de Chile dispuso remitir al Perú el paquete Fujimori, la alianza política entre el APRA y los seguidores del ex dictador ya había avanzado considerablemente.

García no podía prescindir de los votos anaranjados en el Congreso y el frente del orden, que existe sin estar declarado desde el año 2006, ya tenía como uno de sus puntales básicos al fujimorismo, que cuenta con un cierto arraigo en poblaciones pobres y muy pobres.

Pero, por más ficción de autonomía que se pretenda asignar al Poder Judicial, lo que el país se pregunta es: ¿cómo podrá juzgar el gobierno aprista a su principal aliado, por crímenes de los que fácilmente podría ser igualmente acusado?

Poco a poco hemos visto que se ha permitido un juicio imparcial, en el que se ha escuchado de todo y a todos.

Ahora viene la hora de sentenciar y lo que casi nadie espera es que la sala pueda declarar inocencia, así quisieran algunos de sus integrantes, porque eso significaría un alto costo político para ellos y el fin de varias aspiraciones (¿San Martín presidente de la Suprema?).

Además habría una serie de muertos que se quedarían sin explicación.

Raúl Wiener

Unidad de Investigación

Fuente: La Primera