POR LA UNIDAD

En el FRAM estamos claros que la unidad de los maestros clasistas es una necesidad para enfrentar a la patronal y sus aliados, a patria roja y todas las formas de revisionismo.

 La tarea mas inmediata que debemos cumplir los clasistas es la unidad con el siguiente criterio:

la unidad se sustenta sobre los principios, sobre la ideología y en torno a la situación actual y nuestras tareas, y si no partimos de la unificación ideológica, no habrá base de unificación; si no hay unidad de comprensión, no hay base de partida.
Y sobre la unidad de comprensión se levanta la unificación en política; sólo comprendiendo igual    estableceremos política igual y todas las demás unificaciones.

Ya es tiempo de decirlo, que las tendencias hegemonistas se vienen plasmando en planes escisionistas. Nosotros planteamos unirnos bajo la ideologia y, a la luz de él, ver todas las situaciones que se nos presenten.

Por tanto, estamos por hacer avanzar el movimiento en su conjunto y por aplastar las tendencias hegemonistas y sus tentativas escisionistas.

Para desarrollar la huelga con contundencia se debe contar con el compromiso de cada maestro verdaderamente clasista para asumirla a cabalidad. No es necesario aglutinar cantidad de individuos para iniciar una tarea, los que esten dispuestos a cumplirla seran suficientes. aplastar el oportunismo de toda laya,el neorevisionismo y todas sus variantes al interior del conare.

Es una vergüenza que hayan salvado a Raffo

TAMBIÉN SE SALVÓ
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria también resolvió archivar el pedido de levantamiento de inmunidad al legislador nacionalista Miró Ruiz, acusado de haber cometido el delito de tenencia ilegal de armas luego que matara de un balazo a un pequeño perro llamado Matías.
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria archivó ayer el pedido judicial de levantar el fuero al legislador fujimorista Carlos Raffo, para que el legislador sea procesado por el delito de peculado por haber recibido 400 mil dólares de Vladimiro Montesinos.
En menos de media hora y a escasos dos días de haber escuchado los alegatos del jefe de prensa de Fujimori, la comisión acordó rechazar el pedido judicial al argumentar que existe “persecución política” contra el congresista.
El pedido del Poder Judicial iba a verse todavía en dos semanas, pero la legisladora de UPP Karina Beteta pidió que se vote el pedido ayer, después que el legislador Miró Ruiz defendiera su inmunidad, cuyo levantamiento fue pedido también por el Poder Judicial, que investiga al parlamentario por el delito de tenencia ilegal de armas. La solicitud también fue rechazada.
El pedido de Beteta fue votado. Beteta y la legisladora Martha Moyano votaron contra el levantamiento de la inmunidad de Raffo, el parlamentario de Unidad Nacional Guido Lombardi se abstuvo, el presidente aprista de la comisión, Luis Wilson, no votó; y el legislador nacionalista Víctor Mayorga no acudió a la sesión porque, dijo, no quiso prestarse a la vergüenza de dejar impune al fujimorista.
Al comentar estos hechos, el legislador Daniel Abugattás señaló que lo hecho ayer por la comisión que preside Wilson constituye una vergüenza nacional y daña la imagen del Congreso.
El país, dijo, esperaba que el Congreso acceda a la solicitud del Poder Judicial para que éste pueda juzgar a Carlos Raffo. Indicó que la justicia ha probado que Raffo recibió dinero de Vladimiro Montesinos para favorecer a Alberto Fujimori.
“Si es inocente que se presente al Poder Judicial y se defienda, pero como no es inocente y hay pruebas más que contundentes que ha recibido dinero y ha sido parte del saqueo de los recursos del Estado, se esconde en la inmunidad parlamentaria, de lo cual se hacen partícipes congresistas que están demostrando al país con quien están: con la corrupción”, refirió en diálogo con LA PRIMERA.
“Votaron a favor de Raffo y reafirmaron que existe un pacto infernal y maldito por el cual los corruptos se protegen unos a otros y el resultado es lo que estamos viendo”, dijo.
Abugattás sostuvo que Beteta, al actuar a favor del fujimorismo, se ha ensuciado y para limpiarse de este caso va pasar mucho tiempo.

La pita se rompió por lado más débil

El ex premier Yehude Simon; el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas y de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, actualmente en la cartera de Economía, son los responsables políticos de los trágicos sucesos ocurridos en Bagua, el pasado 5 de junio, según concluye el informe final de la Comisión del Congreso. Pese a ello, no se recomienda acusarlos constitucionalmente.
Asimismo, determina que sólo un alto mando policial tiene responsabilidad penal por lo ocurrido en la Estación 6, donde comenzó la tragedia que enlutó a 34 familias de la policía y de comunidades indígenas.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Guido Lombardi (UN) informó que se presentaron cuatro informes finales: El suyo, uno del Apra (Wilder Calderón y Luis Falla Lamadrid), otro del nacionalista Víctor Isla y otro de la legisladora fujimorista Martha Moyano que finalmente fue apoyado por los legisladores Eduardo Espinoza, de UPP; y Juan Perry de Alianza Parlamentaria, obteniendo la mayoría oficial y por lo tanto, el que será debatido en el pleno del Congreso.
“Como presidente me corresponde, a través de los canales regulares, hacer llegar a la Oficilía Mayor y a la Presidencia del Congreso, el informe en mayoría y hasta antes del minuto previo a que se debata en el pleno, se podrá presentar los informes en minoría”, indicó Lombardi a la PRIMERA, advirtiendo que los congresistas del APRA hicieron llegar su informe a última hora.
Por su parte, Moyano confirmó que sí se encontró responsabilidad penal en el general PNP Luis Muguruza, ex jefe de la Diroes y hoy asignado a la Oficina de Derechos Humanos, por su accionar negligente en la Estación No 6 de Petroperú donde 12 policías fueron víctimados, y que finalmente desencadenó esta tragedia desarrollada durante la protesta amazónica.
Lombardi explicó que las recomendaciones del informe final permitirán que casos como el de Bagua no se repitan y que la protesta social se canalice de la mejor manera sin llevar al derramamiento de sangre de los compatriotas más humildes.

Fuente : La Primera

Vergonzoso e indignante, así se traduce el papel que desempeñan varios fiscales en Huaraz.


Corrupción de fiscales

Informe de Projusticia revela una red de fiscales que impide en Huaraz la buena administración de justicia.
El informe indica que existe complicidad entre los referidos fiscales que habrían consolidado una inacción de las instituciones y autoridades para evitar
que se les investigue, evitando que se ponga al descubierto hechos de corrupción, a pesar de los escándalos que estremecen al país.

Un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Justicia, Projusticia, reveló la existencia en Huaraz de una red de fiscales corruptos en el Ministerio Público y que estaría encabezada por el Fiscal Superior Marco de la Cruz Espejo, quien ejerció el cargo de fiscal decano de Huaraz desde el año 2000 hasta el 2009, cuando fue reemplazado por la fiscal María Malpica Coronado.
De la Cruz es el actual Fiscal Superior Titular de Áncash y fue fiscal decano de este distrito judicial entre febrero de 1997 y setiembre de 1999 y luego desde octubre del 2000 hasta diciembre de 2008, es decir que ha estado once años al frente de esta entidad.
El hecho de haber sido De la Cruz decano durante la dictadura de Alberto Fujimori y haberse mantenido varios años al frente del Ministerio Público, genera sospechas de que su presencia implica la permanencia de una red de corrupción instituida en esta entidad, dijeron fuentes de esa instancia.
Un indicio de este hecho es que De la Cruz no hizo mayores investigaciones sobre actos de corrupción cometidos durante el régimen del sentenciado Fujimori en esta región, a pesar de reiteradas denuncias al respecto.
El “modus operandi” de De la Cruz consiste, dicen los informantes, en hacerse de la “vista gorda” y omitir cualquier investigación o denuncia que incomode a sus allegados o conocidos, de acuerdo al referido informe. La conducta de De la Cruz ha estado dirigida también a favorecer a fiscales de su entorno.
A pesar de estas evidencias, las denuncias contra este fiscal ante la Fiscalía Suprema de Control Interno –órgano encargado de investigar a los fiscales superiores titulares a nivel nacional- no han prosperado, y han terminado siendo archivadas. Este personaje, según nuestras fuentes, actuaría apoyado por Zadí Daniel Anaya Castro, quien se desempeñó como Fiscal Provincial hasta el 23 de abril del 2009 y era uno de los más poderosos e influyentes de Huaraz, hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura resolvió no ratificarlo en su cargo.
También son mencionados Silvia Paredes Goycochea, a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal; Carlos Rodríguez Martínez, casado con Gabriela Saavedra de la Cruz, sobrina directa de De la Cruz Espejo y funcionaria de la Corte Superior de Áncash, y Vladimir Páucar Torres, Primer Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz por la fiscal de la Nación. De la Cruz Espejo ha sido su padrino de matrimonio.

Fuente: La Primera

La privatización de la educación


Interrogado sobre el recorte de la libertad académica que puede producir su intervención en la PUCP, el cardenal Cipriani dijo que los docentes y estudiantes de esa Universidad hallarán la auténtica libertad en “la Verdad”, y que, por tanto, no tienen por qué temer a “la verdad”.
Los discursos del cardenal no se caracterizan precisamente por su amabilidad. Este sonaba a censura y conminación.
A censura, pues supone que la comunidad universitaria de la PUCP se halla en conflicto con la verdad. Afirmación ofensiva para una comunidad universitaria, dado que la verdad es el valor supremo de la actividad académica y la PUCP es una de las pocas Universidades que merece esa denominación en el Perú, país cuyo ámbito universitario se halla plagado de estafa, como ocurre con la “Universidad” Los Ángeles de Chimbote, surgida y mantenida en la estafa, y hoy rebautizada como “Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote”, con plena anuencia del cardenal. Seguramente porque allí habita “la Verdad” de la que él gusta.
Pero las palabras de Cipriani suenan también a advertencia, puesto que si la PUCP se halla lejos de “la Verdad”, él, que se considera árbitro supremo en cuanto a qué es la verdad (no, por ejemplo, los derechos humanos; “esa cojudez”, según sus siempre delicadas palabras), se debe sentir predestinado y envalentonado para introducir lo que por tal entiende en aquella Universidad, tras el nefasto fallo del desprestigiado Tribunal Constitucional.
En un personaje identificado con el Opus Dei, aquellas palabras son igualmente conminatorias. En su discurso fundamentalista, la libertad nada tiene que ver con la apertura y pluralidad como valores del pensamiento y la acción. A su intolerante parecer, el que no sigue “la Verdad”, que él supone única (obviamente aquella suya), no es libre: se engaña creyendo serlo, cuando en realidad es esclavo del error y sus pasiones. Por eso, hay un index de textos y temas prohibidos para las bibliotecas y sílabos de las instituciones educativas del Opus.
La verdad con la que amenaza Cipriani, no es pues la de Cristo, que en la interpretación de connotados teólogos, como Gustavo Gutiérrez, anunciaba la vida, siendo, por tanto, una afirmación de la diversidad que sostiene la vida plena.
Nada tiene que ver tampoco con el respeto a la discrepancia y la exigencia de pruebas que caracteriza la actividad universitaria genuina.
Equivale a la cerrazón e intolerancia que él practica… Por ello, en estos tiempos de abandono gubernamental, no sólo de la Universidad pública, sino también de la Universidad privada sin fines de lucro, afirmamos nuestra solidaridad con la comunidad universitaria de la PUCP que, como anuncia su escudo institucional, deberá ser, ahora más que nunca, luz que brilla ante las tinieblas.

Zenón Depaz Toledo
Fuente : La Primera

Rebelión en el Apra
El partido de la estrella en su peor hora. Militantes de Boston, Estados Unidos, piden reformas.
Los firmantes del comunicado aprista son:
Augusto Valqui Malpica DNI 08785318
Marco Antonio Flores Villanueva Ficha de Reinscripción PAP 093507,
Gustavo Adolfo Villanueva Falvy DNI 09137229
Jorge Emilio Guibert Alva Ficha de reinscripción PAP 29128 DNI 17938372,
Rodolfo Montes Velásquez DNI 15614577
Alamiro Enrique Antonio Gutti Martín DNI 17939325
Edgar Enrique Alarcón Vásquez DNI 16651702
Carlos A. Llerena Vásquez DNI 08730252
César Carbajal Sánchez DNI 18097518
César Vásquez Bazán (*)
Eulogio Alberto Huamanchay Pérez DNI 18899363
Elvio M. Via Velásquez DNI 43097429
Carlos Pichilinge DNI 06707467
Carmen Gómez Román DNI 40998710
Ángel García DNI 06385090
(*) Los ciudadanos firmantes sin consignar su DNI, han hecho llegar su adhesión públicamente a las listas apristas de Internet y al correo personal publicitado para ese propósito.


La célula aprista de Boston pide la suspensión indefinida de los derechos y cargos partidarios al presidente García, Del Castillo y Quesada. Exigen la conformación de un Comando Nacional de Acción, integrado por militantes de probada trayectoria moral y que asuma la dirección del PAP. Hoy se celebra el 86º aniversario de fundación del Apra.
Los dirigentes y militantes apristas residentes en Boston, Estados Unidos, exigen una drástica solución a la crisis institucional que atraviesa el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, cuya cúpula dirigencial ha sido involucrada en varios casos de corrupción estatal, así como la renovación total de los cuadros políticos elegidos en el último congreso.
Mediante un comunicado, que reproducimos íntegramente, la célula aprista de Boston pide la suspensión indefinida de los derechos y cargos partidarios al presidente Alan García, a Jorge del Castillo y Omar Quesada, y también el levantamiento de su secreto bancario.


A la militancia:
“En las últimas semanas el país ha sido testigo de graves revelaciones que sindican a las más altas esferas del Partido Aprista Peruano comprometidas en presuntos actos de corrupción”.
“Desde el propio presidente de la República, Alan García Pérez –reuniéndose indebidamente con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, interfiriendo su labor con el consentimiento de ésta, y dirigiendo él mismo las investigaciones policiales de un proceso penal que también involucra a su entorno más inmediato-, pasando por el Secretario General Político del PAP, Jorge del Castillo Gálvez –con graves cargos de tráfico de influencias y negociación incompatible-, hasta el Secretario General Institucional del PAP, Omar Quesada Martínez, acusado de tráfico de tierras como director de Cofopri”.
“Uno a uno los indicios que están siendo presentados sistemáticamente por los medios de comunicación del país, demuestran que, efectivamente, las altas esferas del partido tendrían seriamente comprometida su responsabilidad en estos actos dolosos”.
“Y aquello está impactando negativamente en la imagen del Partido Aprista Peruano, sus militantes y simpatizantes, generando la repulsa y el rechazo mayoritario del pueblo peruano a una institución política que fue creada por Haya de la Torre para servir a la nación y no para servirse de ella”.
“Por ello, es urgente que el Partido Aprista Peruano tome de inmediato las medidas correctivas destinadas a recobrar no solamente su imagen institucional, visiblemente afectada por su dirección política involucrada en actos de corrupción, sino también su independencia de criterio con relación a los actos de gobierno, desde el Poder Ejecutivo hasta su representación parlamentaria”.
“En ese sentido, los ciudadanos apristas y simpatizantes firmantes de este documento, exigimos que el Partido Aprista Peruano tomé las medidas siguientes:”
“Primero: Suspender INDEFINIDAMENTE en sus derechos y cargos partidarios a los ciudadanos Alan García Pérez, Jorge del Castillo Gálvez y Omar Quesada Martínez, y solicitar el levantamiento del secreto bancario de los referidos ciudadanos”.
“Segundo: Solicitar el levantamiento voluntario del secreto bancario de los ciudadanos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista y de la representación parlamentaria del partido en el Congreso de la República (Célula Parlamentaria Aprista), como un gesto de transparencia moral y reconciliación con la ciudadanía”.
“Tercero: Exigir la conformación de un Comando Nacional de Acción, integrado por militantes de probada trayectoria moral y que asumirá el gobierno del PAP”.
“Para asumir esa responsabilidad, los integrantes del Comando Nacional de Acción deberán levantar su secreto bancario y exhibir ante la opinión pública y la prensa del país sus correspondientes declaraciones juradas del último quinquenio”.
“Acto seguido, el Comando Nacional de Acción del Partido Aprista Peruano disolverá el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y renunciará a todos los titulares de los órganos de apoyo del partido, para asumir el gobierno del PAP”.
“La tarea fundamental del Comando Nacional de Acción debe ser la organización de un Congreso Nacional Extraordinario del partido, ideológico y programático y orientado, además, a reorganizar la estructura orgánica del PAP, así como a elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional (un aprista un voto)”.
“Cuarto: Solicitar a la Junta de Fiscales Supremos la inmediata remoción de la fiscal de la Nación, Gladyz Echaíz Ramos, por su parcializado accionar con el Ejecutivo en este escándalo, y del Fiscal Supremo José Peláez Bardales, ahora implicado en los audios de la corrupción”.
“Quinto: Exigir la renuncia inmediata del ministro del Interior, Teniente General PNP, Octavio Salazar Miranda y del Director de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo Medina, así como el levantamiento del secreto bancario de éste último”.
“Sexto: Solicitar se investigue y se levante el secreto bancario del Coronel PNP, Carlos Morán Soto, jefe del Grupo Especial de la Dinandro que intervino en desmantelar la empresa de espionaje político y empresarial Business Track (BTR)”.

Fuente : La Primera

Universitarios no quieren que Arzobispado de Lima administre propiedades de esta casa de estudios.


PUCP rechaza fallo
DETALLE: Domingo García Belaunde, parte de la defensa, resaltó que las presiones se hicieron notar cuando el recurso de amparo que presentó la PUCP frente al dictamen del TC se demoró 18 meses en ser procesado. “El recurso de amparo no debió demorarse tanto pues la acción es rápida, pero aún así se demoró casi dos años, lo que evidenciaba las presiones del Arzobispado sobre la resolución”, recalcó García.
Los estudiantes de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), reunidos en la asociación civil “Thêmis”, expresaron ayer su rechazo al dictamen del Tribunal Constitucional (TC), el que permitió al Arzobispado de Lima ser parte de la junta administrativa de los bienes de la PUCP.
Como expositores del caso estuvieron los abogados Jorge Avendaño, Martín Mejorada y Domingo García Belaunde, quienes son la defensa legal de la universidad en el proceso de litigio con el Arzobispado, y expresaron que el fallo del TC es improcedente “por la manera arbitraria en que se llevó el proceso, y que terminó con una sentencia tratada por un órgano que no tiene competencia sobre el caso”, explicó Avendaño.
Caso juzgado
Por su parte, Martín Mejorada, en referencia a lo dicho por Avendaño, agregó que la irregularidad del fallo del TC se observó cuando la sentencia emitida por la 8va Sala Civil del Juzgado de Lima, en segunda instancia, había declarado infundada la demanda que presentó Walter Muñoz Cho, representante del Arzobispado, quien pedía la administración total de los bienes de Riva Agüero (no sólo los terrenos, sino el Centro Cultural, la escuela de negocios, entre otros), contra la universidad Católica, pero luego fue revisada por el TC y éste al final terminó dándole la razón al Arzobispado.
“La irregularidad en el proceso se demuestra cuando después que en segunda instancia, por voto de los jueces, dieran un fallo a favor de la PUCP, y declarándola caso juzgado, el TC revisa la sentencia y emite su pronunciamiento en contra de nosotros. Cuando se sabe que un caso clasificado de esta forma no lo revisa nadie. El caso ya estaba cerrado”, recalcó el ex decano de la facultad de derecho de esta casa de estudios, Jorge Avendaño.
Fuente : La Primera

La táctica de García: Megacorrupción en puertos y exportación del gas.
Se adelanta el inicio del último año del mandato del Gobierno de García, con una creciente y extendida corrupción. Es una crisis en las alturas, que el Gobierno quiere manejar para que no sea una crisis del modelo neoliberal y su régimen. Su táctica tiene tres frentes: la Impunidad general, la cabeza del Partido, y la Megacorrupcion con la Soberanía Nacional.
Los dos primeros frentes están en la escena mediática, y son fusibles recambiables.
Primero, la sistemática impunidad, para los diversos casos, cualquiera sea su nivel. Se borran audios, se queman documentos oficiales, se anulan pruebas. No hay detenidos, solo Rómulo Leon, porque era imposible evitarlo.
Segundo, se pretende desviar las denuncias por corrupción a los dos Secretarios Generales del APRA, Del Castillo (Petroaudios) y Quesada ( Cofopri), que han sido formuladas con indicios muy graves.
Se los presenta y centra como una “crisis del partido” (licencias, reemplazos, candidaturas, etc), buscando quitarle su real carácter de hechos de corrupción, y bloqueando una real acción moralizadora.
El Tercer Frente es la mega corrupción subastando la soberanía nacional. García se afirma en el poder neoliberal, precipitando la subasta lobbysta de los Puertos y el Gas de Camisea.
Han anunciado para entregar, ilegalmente, y en tres meses, todo el Puerto Público de Enapu-Callao a una empresa privada, con la liquidación de Enapu como empresa pública portuaria, la que reducirían a una “sociedad de beneficencia”, dedicada a pagar despidos y pensiones.
Pretenden imponer un desarticulado sistema portuario nacional sin soberanía, con un Duo-polio de dos operadores mundiales (DPW y otro) en el Callao, y un tercer Administrador, que no es otro que la empresa Tramarsa, del grupo naviero portuario Chileno (Vonappen/Urenda/Claro),buque insignia empresarial Chileno. Pretenden convertirla como eje vertebrador de los servicios y puertos del sistema portuario del Perú, como lo es LAN en el aeroportuario.
La otra mega corrupción es la Exportación del Gas de Camisea, que comente la semana pasada. Han hecho un mamarracho jurídico, para cambiar ilegalmente las normas de transporte y permitir la exportación. En junio se empezará a exportar a Chile, pues a México será recién desde el 2011. Este faenón deja al país sin un recurso fundamental para su soberanía energética. Se vende el gas a US$ 1 el barril equivalente de petróleo, para comprar el sustituto energético requerido a US$ 84 barril de petróleo (importándose 100,00 mil barriles de petróleo por día). Los combustibles serán cada vez mas caros, en un país desabastecido de su fuente energética.
El Perú rechaza la corrupción y el pisoteo de la soberanía. Todos repudian la exportación del Gas a México y Chile, que desabastece al Perú. Se declara al día que García exporte LA PRIMERA molécula de gas, como el “Día de la Felonía al Perú”. El país se moviliza. La ciudadanía esta indignada. Se alistan lavados de bandera por todos lados.¡Ética y Soberanía, para la democracia nacional!
Manuel Dammert
Fuente : La Primera