Una nueva falta al mandamiento de “no mentir” es lo que acaba de hacer el ministro Rafael Rey

Los gobiernos del Perú y China se estaban corriendo el riesgo de una demanda internacional por parte de Ucrania, por la oferta de venta de tanques con motores y cajas de transmisión de ese país,porque Ucrania no las suministraría y China, obviamente, no podría fabricarlos para venderlos al Perú.
Esa situación era un producto directo del aventurerismo presidencial que dispuso durante un viaje a Beijing a fines del año pasado un cambio brusco de proveedores de armas, luego que la comisión técnica del Ejército ya se había pronunciado por los modelos ucranianos Oplot como primera prioridad y en segundo orden por el PT 91 de Polonia.
García y Hu Jintao tomaron en horas decisiones que normalmente demandan muchos meses, porque hay grandes sumas de dinero y problemas de seguridad nacional implicados.
Ahora todo se cayó de la peor forma.
Pero el temor expresado por algunos escépticos de los tanques, de que todo esto no fuese sino una argucia para saquear la caja pública no se despeja por el viraje del gobierno, ya que el crédito otorgado por la empresa china Norinco (empresa de armamento, que ya estuvo involucrada en actos de corrupción durante el gobierno de Fujimori), será usado para comprar los otros equipos anunciados por Rey, según se desprende de sus declaraciones.
Así el Perú no tendrá tanques, porque no podía recibirlos sin motores, pero recibirá a cambio muchos “equipos para apoyo social, atención de emergencias, desastres naturales, combate contra el narcotráfico, control de la frontera a lo largo del Putumayo, etc”, como dice Rey y eventualmente en las compras habrá comisiones.

LOS CULPABLES DEL PROBLEMA MINERO
Roger Rumrrill
Los gobiernos, porque dejaron que el problema creciera, y en particular la administración de Alan García que no tuvo la capacidad para resolverlo. También el decreto de urgencia de formalización, los grandes mineros que no se mencionan y la burocracia corrupta del ministerio de energía y Minas.

El desastre ambiental en Huaypetue (Madre de Dios) duró 20 años y esta explotación minera en Delta y Guacamayo es el resultado de dos años de extracción, es decir, durante este gobierno aprista, que no ha hecho nada por desmontar esta bomba social, ambiental y política.
Obsesionado por la gran minería, no ha mirado a la pequeña minería y ha dejado que en estos años haya una acumulación de superposiciones. Es decir, en una parcela forestal, el gobierno aprista dio parcelas agrícolas y sobre éstas ha dado concesiones mineras.
Rony Pastor, en diciembre del año pasado dijo que no podía hacer nada porque esto rebasaba sus posibilidades porque su Dirección eran él, su secretario y su camioneta. Mientras tanto, ya había 20 mil mineros informales sólo en esa región.
El ministro Brack anuncia la prohibición de esta gran maquinaria. Hasta ahora no se menciona a los causantes y hay por lo menos 100 grandes propietarios de parcelas que cuentan con 100 mil hectáreas y estos reclutan a centenares de mineros a los que llaman “invitados” y toman acuerdos: la mitad de oro para ti y la otra mitad para mí. Estos grandes propietarios son los que tienen las cuadrículas mineras y allí los ubican a los pequeños mineros.
Luego están los propietarios de las dragas que son los grandes capitalistas y luego los que abastecen de insumos químicos y nadie los ha tocado.
A eso hay que agregarle el precio. Hace dos años, la onza costaba 200 dólares y ahora está a mil 100 dólares. Ahora se matan por eso.
Pero el problema es que con la aplicación de los principios y normas del decreto de urgencia 012 se puede hacer extensivo a otras regiones. Por eso los mineros de Arequipa y Ayacucho dicen que, si aceptan, mañana aplican el decreto en sus regiones.
Creo que la formalización es una idea planteada por el ministro Brack pero con la anuencia de las empresas grandes que ahora están aplaudiendo.
La formalización de esta gran minería bajo el control de grandes mineros con sistemas esclavistas de trabajo, es necesaria. Las dragas cuestan un millón de dólares pero que no carguen la culpa de manera demagógica a los pequeños porque detrás de ellos está el gran capital minero.
También están los funcionarios del ministerio de energía y Minas, que otorgan las concesiones y cuadrículas, las autorizaciones para operar las dragas y otros permisos.

El gobierno debió dialogar y consultar con los mineros este decreto de urgencia 012 y no lo hizo. Igual ocurrió con el decreto legislativo que provocó el baguazo.

La vacancia razonable

El Partido Nacionalista va a proponer en el Congreso la vacancia de la presidencia de la República.
El pedido se basa en el artículo 113 de la Constitución, el cual establece como una causal de tal vacancia la “permanente incapacidad moral o física (del presidente), declarada por el Congreso”.
A la luz de la razón, es indudable que el doctor Alan García no merece seguir ocupando el sillón presidencial.
Ollanta Humala y su partido aluden al hecho de que bajo García, en algunos casos por obra de la legislación que él ha impuesto, en otros por evidente orden de su despacho, diversos conflictos sociales han sido enfrentados con violencia brutal, que ha producido 70 muertos, 600 heridos y más de 1,300 dirigentes gremiales enjuiciados.
Muchos otros motivos podrían aducirse. Defensa de actos ilegales e inmorales como en el caso de la minera Majaz, o en la venta del aeropuerto civil de Collique, o en la imposición de Tratados de Libre Comercio contrarios al interés nacional, o la participación en el faenón de Rómulo León Alegría.
El problema es que, dada la actual correlación de fuerzas en el Congreso, no es probable que la vacancia sea declarada.
Puede suponerse, sin embargo, que el pedido nacionalista abrirá las puertas a un gran debate sobre la política represiva del régimen aprista y a las responsabilidades en la matanza de mineros en Chala.
Una discusión documentada e intensa puede, eventualmente, conducir a un sacudón de la conciencia cívica. En el fondo, los grandes problemas suelen encontrar soluciones, no en el marco estrecho de Palacio o del Congreso, sino en el vigor de la acción ciudadana. Ya ahora, los mineros informales han conseguido, por acción directa, que García se muestre dispuesto a modificar su Decreto de Urgencia 012 – 2010.
El planteamiento de Humala ha traído a la memoria pedidos de vacancia que se formularon contra Alejandro Toledo. Un sector de la extrema izquierda clamó, a través de uno de sus voceros, en la Derrama Magisterial, que, dada “la claudicación” de la CGTP, el pueblo debía tomar en sus manos esa demanda. También el Apra propuso vacar a Toledo. No pasó nada.
Era, por cierto, otro contexto. Ahora hay muertos en la escena.
Hay una vacancia que sí se produjo: la de Alberto Fujimori, cuando éste envió desde Asia, mediante fax, su renuncia al más alto cargo de la República. En ese momento había dos vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez. El Congreso no podía aceptar la renuncia del fugitivo. Tuvo que inventar una figura: la renuncia de los dos vices, a fin de vacar a Fujimori y permitir que el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, se ciñera la banda presidencial.
El coro de fondo venía de las calles y las plazas: el rechazo masivo al fujimorismo autoritario y corrupto.
Cesar Levano
Fuente : La Primera