Una nueva falta al mandamiento de “no mentir” es lo que acaba de hacer el ministro Rafael Rey

Los gobiernos del Perú y China se estaban corriendo el riesgo de una demanda internacional por parte de Ucrania, por la oferta de venta de tanques con motores y cajas de transmisión de ese país,porque Ucrania no las suministraría y China, obviamente, no podría fabricarlos para venderlos al Perú.
Esa situación era un producto directo del aventurerismo presidencial que dispuso durante un viaje a Beijing a fines del año pasado un cambio brusco de proveedores de armas, luego que la comisión técnica del Ejército ya se había pronunciado por los modelos ucranianos Oplot como primera prioridad y en segundo orden por el PT 91 de Polonia.
García y Hu Jintao tomaron en horas decisiones que normalmente demandan muchos meses, porque hay grandes sumas de dinero y problemas de seguridad nacional implicados.
Ahora todo se cayó de la peor forma.
Pero el temor expresado por algunos escépticos de los tanques, de que todo esto no fuese sino una argucia para saquear la caja pública no se despeja por el viraje del gobierno, ya que el crédito otorgado por la empresa china Norinco (empresa de armamento, que ya estuvo involucrada en actos de corrupción durante el gobierno de Fujimori), será usado para comprar los otros equipos anunciados por Rey, según se desprende de sus declaraciones.
Así el Perú no tendrá tanques, porque no podía recibirlos sin motores, pero recibirá a cambio muchos “equipos para apoyo social, atención de emergencias, desastres naturales, combate contra el narcotráfico, control de la frontera a lo largo del Putumayo, etc”, como dice Rey y eventualmente en las compras habrá comisiones.

LOS CULPABLES DEL PROBLEMA MINERO
Roger Rumrrill
Los gobiernos, porque dejaron que el problema creciera, y en particular la administración de Alan García que no tuvo la capacidad para resolverlo. También el decreto de urgencia de formalización, los grandes mineros que no se mencionan y la burocracia corrupta del ministerio de energía y Minas.

El desastre ambiental en Huaypetue (Madre de Dios) duró 20 años y esta explotación minera en Delta y Guacamayo es el resultado de dos años de extracción, es decir, durante este gobierno aprista, que no ha hecho nada por desmontar esta bomba social, ambiental y política.
Obsesionado por la gran minería, no ha mirado a la pequeña minería y ha dejado que en estos años haya una acumulación de superposiciones. Es decir, en una parcela forestal, el gobierno aprista dio parcelas agrícolas y sobre éstas ha dado concesiones mineras.
Rony Pastor, en diciembre del año pasado dijo que no podía hacer nada porque esto rebasaba sus posibilidades porque su Dirección eran él, su secretario y su camioneta. Mientras tanto, ya había 20 mil mineros informales sólo en esa región.
El ministro Brack anuncia la prohibición de esta gran maquinaria. Hasta ahora no se menciona a los causantes y hay por lo menos 100 grandes propietarios de parcelas que cuentan con 100 mil hectáreas y estos reclutan a centenares de mineros a los que llaman “invitados” y toman acuerdos: la mitad de oro para ti y la otra mitad para mí. Estos grandes propietarios son los que tienen las cuadrículas mineras y allí los ubican a los pequeños mineros.
Luego están los propietarios de las dragas que son los grandes capitalistas y luego los que abastecen de insumos químicos y nadie los ha tocado.
A eso hay que agregarle el precio. Hace dos años, la onza costaba 200 dólares y ahora está a mil 100 dólares. Ahora se matan por eso.
Pero el problema es que con la aplicación de los principios y normas del decreto de urgencia 012 se puede hacer extensivo a otras regiones. Por eso los mineros de Arequipa y Ayacucho dicen que, si aceptan, mañana aplican el decreto en sus regiones.
Creo que la formalización es una idea planteada por el ministro Brack pero con la anuencia de las empresas grandes que ahora están aplaudiendo.
La formalización de esta gran minería bajo el control de grandes mineros con sistemas esclavistas de trabajo, es necesaria. Las dragas cuestan un millón de dólares pero que no carguen la culpa de manera demagógica a los pequeños porque detrás de ellos está el gran capital minero.
También están los funcionarios del ministerio de energía y Minas, que otorgan las concesiones y cuadrículas, las autorizaciones para operar las dragas y otros permisos.

El gobierno debió dialogar y consultar con los mineros este decreto de urgencia 012 y no lo hizo. Igual ocurrió con el decreto legislativo que provocó el baguazo.