EL GENOCIDA GARCIA PEREZ

Cuántos más

Mientras la sangre del pueblo se derrama, el político que todavía nos gobierna se empeña en buscar figuración, inaugura un monumental capricho y, sobre todo, ignora las protestas y la tragedia que viven las familias de los muertos, de las víctimas de su desidia y su irresponsabilidad criminal; de la política insensata de esperar que haya violencia, muerte y desolación, para recién tomar las medidas que debió haber resuelto meses o años antes. Así ha ocurrido ayer en Juliaca, donde la situación cayó en el descontrol y la violencia, siempre indeseada, por la impaciencia acumulada durante largo tiempo en el que los pobladores de Azángaro recorrieron pasillos burocráticos, tocaron puertas, reclamaron en comunicados y marchas, sin ser escuchados y menos atendidos. El problema que está en el origen de la crisis data de hace al menos una década de contaminación del río Ramis, en este caso por la minería informal; es decir que no solo fue heredado por el actual gobierno, sino que éste ha llegado al tramo final de su mandato sin haberlo resuelto. Ni siquiera con el inicio de la huelga general en Azángaro, ni con la movilización de miles de pobladores azangarinos a Juliaca, para aislarla totalmente con los bloqueos, el gobernante del boato irrefrenable y el verbo fácil y exitista se conmovió, ni reflexionó sobre el peligro del estallido que vive Puno. La indolencia y la estrategia de vencer por agotamiento a las protestas se mantuvo en forma irresponsable, pese a las reiteradas y múltiples advertencias de que su desidia podría causar nuevas víctimas, como también había causado tres muertes en Huancavelica. Recién cuando las balas tronaban, caían los muertos y ardía la ira de los manifestantes de Azángaro, salía humo blanco de las conversaciones entre el gobierno y los dirigentes del Frente de Defensa de las provincias del sur de Puno, una vez más para dar la razón a los campesinos tras habérsela negado al costo de grandes pérdidas económicas. También después del estallido de Juliaca LA PRIMERA ministra anunciaba que el gobierno iba a dar solución a todos los conflictos de Puno. Si lo hubieran hecho un día antes, seis vidas se hubieran salvado y Juliaca no hubiera sufrido de la violencia incontenible, que anoche continuaba y se había extendido a Azángaro. Esta vez no se puede decir que más vale tarde que nunca, porque la tardanza significó la pérdida de vidas de peruanos humildes que solo reclamaban una vida mejor y se vieron envueltos en una situación de violencia incontrolable que pudo evitarse. Los hechos demuestran que el presidente electo tenía razón cuando exigía a su predecesor que cumpla su deber de solucionar los conflictos sociales y no le deje un país convertido en un polvorín. Es de esperar que el gobernante saliente cumpla su obligación y deje de acumular muertes en su conciencia, pues durante su gobierno, según una cuenta de la Defensoría del Pueblo, suman ya más de 90 las vidas perdidas por no atender con diligencia y oportunidad los conflictos y, en vez de ello, ignorarlos o, peor aún, reprimirlos y criminalizarlos. Fuente : La Primera